Impulsaremos una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda.
Se amplía el plazo de suspensión de alzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020.
Se flexibilizan los criterios para determinar qué deudores hipotecarios son vulnerables y pueden beneficiarse de las medidas de protección.
Se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquilar la vivienda habitual ejecutada.
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